La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que las instituciones públicas de salud no podrán negarse a practicar aborto a mujeres que hayan sido víctimas de violación.

Por unanimidad, los ministros coincidieron que negar la interrupción del embarazo de mujeres que hayan sido violadas es un ataque a sus derechos reproductivos.

Esta resolución se dio después de que los padres de una menor de edad, que fue violada y quedó embarazada, solicitaran al Hospital General de Cuernavaca, Morelos que le practicaran un legrado y se negaran a hacerlo, a pesar de que el producto presentaba hidrocefalia.

Por esta razón la Corte concedió el amparo a los padres y a la menor el cual establece que la decisión del hospital violó gravemente sus derechos humanos.

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